Ocho de cada diez viviendas españolas están gestionadas por profesionales colegiados

El espacio íntimo, ése, que solo reservamos a nuestros familiares y amigos más cercanos es tan bien ese espacio en el que la profesionalidad se deja sentir. Sí hablamos de reformas en nuestra vivienda, recurrimos inevitablemente a profesionales, pues, precisamente esa profesionalidad es la que ha llevado a los administradores de fincas, a ser una pieza cada vez más indispensable en nuestro espacio íntimo.

El trabajo de los administradores de fincas es hoy en día, y sobre todo en este contexto de crisis, necesario y resolutivo, ya que gracias a este se ha podido gestionar con solvencia las obligaciones exigibles al sector inmobiliario conforme a la nueva normativa vigente, logrando que los propietarios disfruten de unas garantías básicas sobre sus derechos.

A pesar de estar reconocida su profesionalidad, hay quien considera que en su labor profesional puede abrirse una puerta, que permita la entrada a la administración de fincas – y a otros sectores profesionales- de sujetos que puedan llevar a cabo el desarrollo de esta profesión de manera superficial, tirando por tierra, el trabajo consolidado de miles de profesionales colegiados que a lo largo del tiempo han conseguido que su buen hacer y profesionalidad no quede en entredicho.

Por ello, la futura Ley de Servicios y Colegios Profesionales, no puede nacer amparando el intrusismo en los servicios profesionales, porque sería considerar la profesionalidad y el buen hacer de tantos profesionales como un hecho decorativo, y no como una razón de ser de aquellos que dedican su vida laboral a la transformación de los problemas en soluciones factibles para la ciudadanía.

Una ley contraria a poner en valor los méritos profesionales, es una ley que surge del desconocimiento de las demandas de esos sectores que buscan legitimar su labor, con consecuencias positivas, para conseguir construir una sociedad más justa y solidaria para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Precisamente, la construcción debe ser sostenible y debe seguir garantizando la viabilidad de un sector gravemente mermado por la situación de crisis en nuestro país y que necesita de medidas que busquen en la profesionalidad de todos los que están relacionados con la construcción, una reconstrucción viable del mismo.

Inexcusablemente por este motivo, una Ley de Servicios y Colegios Profesionales no puede ver la luz, dando la espalda a esa profesionalidad concreta que hoy exige la ciudadanía a todos aquellos, que tienen vocación del servicio hacía los demás, ya sea desde el ámbito público o privado.

Por consiguiente, sí la profesionalidad se compra y es adquirida para un ámbito tan personal como es nuestra vivienda, ¿vamos a permitir que esa profesionalidad quede relegada a un segundo lugar? La respuesta es no, porque la política está para corregir y mejorar los errores, no para ser parte de ese problema, que aunque venga legitimada por una mayoría parlamentaria, nunca debe ir en contra de una voluntad profesional, que busca querer enmendar los errores para garantizar y aumentar los derechos de una ciudadanía, que cada vez más demanda en su ámbito personal, la profesionalidad y cometido de una carrera con clara vocación de servicio a la ciudadanía.

Distintas iniciativas han permitido conocer la labor de los colegios profesionales, una profesionalidad que se pone de manifiesto a través de las cifras, cuando el propio Consejo de Colegios de Administradores de Fincas, manifiesta que su actividad transcurre por el camino correcto, al hablar de que ocho de cada diez viviendas españolas están gestionadas por profesionales colegiados.

Por lo que, se puede extraer la conclusión, que sí el público compra el producto, es porque lo considera útil, mereciendo nuestro apoyo y reconocimiento, a esos servicios que se prestan desde la cercanía y con la complicidad de la confianza que generan unos buenos profesionales.